Tendencias en la política de drogas de EUA y su impacto en México

A poco más de un mes de que Joe Biden tome posesión como presidente de los Estados Unidos de América, la semana pasada la Comisión de Política de Droga para el Hemisferio Oeste de dicho país presentó sus recomendaciones dirigidas al Congreso y a la Presidencia para mejorar la política de narcóticos en Latinoamérica y el Caribe. El documento sugiere algunos cambios estructurales en la forma en que el gobierno norteamericano aborda la problemática de drogas. Esto es importante para México porque, como ha sucedido por décadas y particularmente desde la creación de la Iniciativa Mérida, la política exterior estadounidense en materia de drogas y seguridad influye considerablemente en las políticas del Estado mexicano.

Me gustaría subrayar tres tendencias importantes que se vislumbran en este reporte: (1) la sustitución de la estrategia kingpin por un combate más integral contra el crimen organizado, (2) el compromiso de combatir el tráfico ilícito de armas hacia México, y (3) la necesidad de contar con mejores evaluaciones de la Iniciativa Mérida. Estos tres elementos podrían constituir buenas oportunidades para nuestro país en la búsqueda de paz, seguridad y justicia.

La estrategia kingpin consiste en priorizar recursos policiales en la captura de capos criminales (ej. lista de delincuentes más buscados). Promocionada por agencias estadunidenses como una receta efectiva contra el crimen, México y otros países adoptaron esta estrategia consiguiendo resultados poco alentadores. Ahora la propia Comisión de Política de Droga determina que la estrategia kingpin fracasó no sólo porque la detención de líderes criminales aumentó la violencia homicida sino porque tampoco redujo el tráfico de drogas. El reporte sugiere replantear el combate contra organizaciones criminales transnacionales bajo dos ideas. Primero, priorizar el ataque contra las organizaciones más violentas y contra aquellas que trafican fentanilo (en lugar de priorizar a criminales). Y segundo, desarticular integralmente a grupos criminales mediante cuatro estrategias: (a) perseguir tanto a cabecillas como a mandos medios para debilitar estructuras operativas, (b) desmantelar laboratorios para reducir capacidades de producción (en lugar de erradicar plantíos), (c) atacar el lavado de dinero para debilitar las finanzas, y (d) intervenir las redes de corrupción que brindan protección política.

Acertadamente, el gobierno de López Obrador también ha dejado atrás la estrategia kingpin y las Fuerzas Armadas han tenido un liderazgo notable en el desmantelamiento de laboratorios y centros de producción de droga; no obstante, México está muy relegado en priorizar sus objetivos de política criminal, así como en el combate contra la corrupción y el lavado de dinero. Además de voluntad, hacen falta muchos recursos para mejorar las capacidades de nuestras instituciones de seguridad y justicia para desarticular integralmente a grupos criminales que operan en México. La adopción de estrategias más integrales en el combate al crimen por parte de Estados Unidos puede a su vez ayudar a fortalecer las capacidades de nuestras instituciones civiles para cumplir su misión.

Otro de los cambios sugeridos es la necesidad de que Estados Unidos refuerce su responsabilidad para disminuir el tráfico de armas ilícitas hacia México. Esto está alineado con la plataforma electoral de Biden y su búsqueda de un mayor control de armas. Sin duda, se trata de una muy buena noticia para México en muchos sentidos, esencialmente porque administraciones pasadas se desvinculaban de su responsabilidad argumentando que eran los gobiernos estatales quienes regulaban la venta de armas. Para nuestro país, esto se traduce en una ventana de oportunidad para disminuir el acceso a armas de alto calibre por parte de delincuentes, cuya principal fuente de abastecimiento es precisamente la frontera norte. Es vergonzoso que el poder de fuego de cárteles mexicanos sea muy superior a la mayoría de las fuerzas policiales de nuestro país; en estas condiciones de desventaja, el combate al crimen organizado se vuelve una misión suicida en opinión de algunos agentes policiales. La Secretaría de Relaciones Exteriores puede aprovechar la voluntad política de la nueva Administración para poner la regulación de armas como una prioridad dentro de la agenda bilateral.

Por último, el reporte también puntualiza la creciente presión interna para mejorar la rendición de cuentas y el monitoreo de la Iniciativa Mérida, particularmente en lo que refiere al Departamento de Estado. Derivado de ello, sugiere: (a) actualizar el diagnóstico de las necesidades que tiene cada país en materia antidrogas, (b) mejorar los acuerdos para compartir información de forma sistemática, y (c) replantear los indicadores de éxito y las metodologías de medición. Para México, esto implicará utilizar metodologías de evaluación serias en su Estrategia Nacional de Seguridad Pública y en sus programas en la materia como condición para recibir más apoyo financiero a través de Iniciativa Mérida. Esta necesidad de contar con mejores datos y más evidencia de impacto en política pública es sumamente positivo para nuestro país, y especialmente importante en un contexto en donde muchos de nuestros políticos desprecian la ciencia.

Considerando la legitimidad bipartidista del reporte, y el hecho de que uno de sus redactores es también asesor del presidente electo, es probable que las recomendaciones antes descritas se materialicen en la política exterior de la Administración Biden-Harris. Estas son muy buenas noticias para México. Pero parece que el mayor reto para capitalizar estas oportunidades está de nuestro lado. Más que cooperar, el gobierno de López Obrador parece tensionar la relación bilateral con los Estados Unidos, nuestro principal socio. Ojalá nuestro gobierno rectifique y aproveche las nuevas tendencias en política de droga en beneficio del país.

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