Monreal Vs. la falsificación de medicamentos

Uno de los grandes problemas que potenció la pandemia del COVID-19 y del cual poco se discute, es el crecimiento de la falsificación de medicamentos y dispositivos médicos a nivel mundial. INTERPOL, la OMS y la ONUDC ya han alertado sobre ello. México también es víctima de este fenómeno criminal que pone en riesgo la salud pública, la vida y el bienestar de miles personas, al tiempo que afecta la economía lícita. De acuerdo con el Monitor Global de Calidad de Medicamentos, entre 2019 y 2020 hubo un incremento del 261% en incidentes de medicamentos falsificados o de calidad subestándar relacionados con nuestro país.

Mapeo de incidentes en México (Dic. 2020 - Mzo. 2021). Fuente: https://www.iddo.org/mqmglobe/.

Consciente de este problema, la semana pasada el senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Salud (y otras disposiciones) con el fin de prevenir y sancionar conductas ilegales realizadas durante una emergencia sanitaria; particularmente destaca el aumentar las penas de prisión a quienes cometen estos delitos. No es la primera vez que el senador impulsa reformas contra este flagelo, pero la urgencia y relevancia que supone combatir estos delitos en medio de la actual pandemia podría hacer de esta iniciativa una prioridad. La iniciativa denota voluntad política para mejorar la legislación actual; y si bien presenta algunos elementos innovadores, la propuesta de aumentar penas de prisión en un contexto nacional donde prima la impunidad no resulta muy prometedor. Por ejemplo, la Fiscalía General de la República determinó el no ejercicio de la acción penal en más del 90% de las averiguaciones previas abiertas desde 2017 a 2020, logrando sólo 1 sentencia condenatoria (por APs), y en todo 2020 no abrió ni una sola carpeta de investigación por los delitos de falsificación, adulteración, contaminación o alteración de medicamentos previstos en el artículo 464 Ter de la Ley General de Salud[1]. Mientras este nivel de impunidad siga siendo una realidad, y los criminales mantengan un alto margen de ganancia y facilidad para falsificar productos médicos, este mercado criminal seguirá creciendo y lastimando a la población.

Además de aumentar penas, quizá el Poder Legislativo debería abordar una perspectiva más integral al respecto. El referente legislativo a nivel mundial es el Convenio del Consejo de Europa sobre la falsificación de productos médicos y delitos similares que supongan una amenaza para la salud pública – mejor conocido como “Convenio Medicrime” –, un instrumento internacional que busca proteger la salud pública, criminalizar las conductas relacionadas con la falsificación de medicamentos y garantizar esquemas de cooperación nacional e internacional. Algunos elementos del Convenio Medicrime que pueden resultar orientadores para mejorar la legislación son: (i) mayor claridad en la penalización de determinados actos, considerando ciertos agravantes, como delincuencia organizada o venta vía Internet, (ii) aclarar las responsabilidades entre las autoridades federales y estatales y establecer competencias especializadas en la materia; (iii) proteger los derechos de las víctimas; (iv) promover la cooperación nacional (entre autoridades, sociedad civil e industria) e internacional, y (v) fortalecer la prevención.

Senador Ricardo Monreal. Fuente: https://ricardomonrealavila.com/.

Sobre estos cinco ejes podría combatirse de forma más integral la falsificación de medicamentos por parte del Legislativo. Incluso, sería oportuno que la Cancillería y el propio Senado de la República analicen la posibilidad de adherirse – como Estado no europeo – al Convenio Medicrime. Al asumir parámetros internacionales en nuestra legislación, México estaría facilitando la cooperación penal internacional para combatir eficazmente un fenómeno criminal de naturaleza transnacional; además, podría ser el primer país latinoamericano en ratificar este instrumento, poniéndose a la vanguardia. Claro, esto no solucionará de tajo la impunidad, pero sí dará bases jurídicas más adecuadas para su combate.

En resumen, el punto no es sólo aumentar penas de prisión, sino dotar a nuestras autoridades aduaneras, sanitarias, policiales y ministeriales de mejores instrumentos para prevenir, investigar y sancionar estos delitos. Adoptar los criterios del Convenio Medicrime sería idóneo y beneficiaría a todos: pacientes, gobierno e industria. Ojalá México no pierda la ventana de oportunidad que ha puesto sobre la mesa el senador Monreal en el combate a la falsificación de medicamentos. Mientras tanto, la salud pública seguirá en riesgo.

Por Juan Ruiz Galán

Consultor en Riesgo Político y de Seguridad

Cofundador de la Red Mexicana para el Servicio Público

[1] Solicitud de información con folio No. 0001700027321.