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La baja delictiva en México y el cinismo político

Actualizado: 11 ene 2021


La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha sostenido públicamente, con bombo y platillo, que la consolidación de la Estrategia Nacional de Seguridad les ha permitido disminuir progresivamente la mayoría de los índices de criminalidad (aquí adjunto una de sus gráficas). En efecto, sí ha habido una reducción de tasas delictivas durante el periodo de enero a agosto 2020, comparado con el año previo. Pero decir que esa disminución es consecuencia de la Estrategia del Gobierno es una cosa muy distinta. Aquí comparto tres razones que demuestran una explicación alterna: la baja delictiva se debe más a los efectos del COVID-19 que a cualquier decisión o política de gobierno.

Primero, la pandemia del COVID-19 y las diversas medidas gubernamentales tomadas para gestionar esta crisis nos impactó a todos, incluyendo también a criminales, junto a sus estructuras, operaciones y fuentes de financiamiento. Así, por ejemplo, la disminución de un 42.7% en robo en transporte público se explica bien por las restricciones sin precedentes en la movilización de personas. O bien, la disminución del lesiones dolosas en un 14.3% puede explicarse más razonablemente por una menor interacción social debido a medidas como el cierre de bares y centros nocturnos. Es indudable que la disrupción de la “normalidad” social que conocíamos ha sido una variable más determinante en la disminución de la actividad criminal que cualquier política de seguridad. Evidencia de ello es que en muchos otros países, con estrategias de seguridad diferentes pero igualmente afectados por la pandemia, también se ha observado una baja drástica en los delitos.


Segundo, las estadísticas criminales en México están basadas en las denuncias y carpetas de investigación que abren las 33 procuradurías y fiscalías del país. Es decir, que si la víctima no interpone su denuncia no es contabilizada en los sistemas estadísticos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Si de por sí el número de personas que no denunciaban ya era mayor al 90% (la famosa cifra negra), esta pandemia ha dado una nueva razón para no denunciar: el miedo al contagio. Así es el caso de Laura, a quien hace poco le robaron su celular y se pregunta para qué denunciar “si no pasa nada” pero sí corre un riesgo adicional de contagiarse a ella o a sus familiares. Casos como éste también aumentan el número de delitos que pasan desapercibidos para las autoridades de seguridad y justicia criminal.


Tercero, que el gobierno aparente estar trabajando bajo la estrategia correcta no sólo muestra la incomprensión de nuestra realidad criminal, sino que implica un costo de oportunidad enorme para el país. Se está perdiendo tiempo valioso para identificar y enfrentar las nuevas tendencias delictivas que ponen en riesgo a la ciudadanía. Por ejemplo, hay evidencia de que distintos cárteles y grupos criminales se han adentrado al mercado ilícito de medicamentos, lo que no sólo alimenta sus finanzas sino que también pone en riesgo la salud pública. De igual forma, la adopción de modos de vida y entornos laborales cada vez más digitales, ha sido aprovechada por la delincuencia para aumentar los delitos cibernéticos, como el robo de identidad. Ambos casos ejemplifican patrones criminales que no están siendo combatidos con el énfasis que deberían.


En síntesis, que no se equivoque el Gobierno Federal: un menor conteo de tasa delictiva no significa que sus estrategias de seguridad pública estén funcionando. Y lo peor es que ya lo saben; muchos servidores públicos en la SSPC entienden bien los efectos que ha tenido el COVID en la criminalidad. Pero la decisión de qué se dice en los medios no les corresponde a ellos, sino a la cúpula de la institución. Eso me hace recordar la responsabilidad que tuve, como redactor de discursos en la PGR/FGR, de construir argumentos para decirle a la ciudadanía “vean, algunas de nuestras políticas sí funcionan”. Pero esto que hoy hace la SSPC no es construir argumentos para soportar su estrategia, es más bien vender mentiras disfrazadas de medias verdades; es cinismo gubernamental. Y entre ambas narrativas hay una diferencia enorme que no se justifica por nada, ni siquiera por una gubernatura.


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