De policías y su defensa legal

Con el objetivo de construir instituciones de seguridad conformadas por policías honestos, valientes y preparados, el foco en la narrativa pública ha sido la remoción de quienes no cumplan con el perfil, empezando por los corruptos. Esto es bueno por supuesto, pero también debemos poner énfasis en el otro lado de la ecuación: brindar buenas condiciones laborales a quienes sí deben estar ahí, incluyendo su defensa legal.

Con la reciente detención de 15 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México por su probable participación en el homicidio doloso de un joven, se pone sobre la mesa un tema que parece olvidado en los esfuerzos de contar con mejores policías: su derecho a tener una defensa adecuada y contar con un debido proceso. No conozco detalles sobre este lamentable caso, pero con independencia de los resultados de la investigación, éste nos invita a reflexionar sobre el panorama de vulnerabilidad en el que se encuentran los policías para defenderse legalmente.

En México y otros países de la región diversos actores han reclamado la necesidad de tener un sistema de defensa más adecuado para los policías.

Comparto tres razones por las que creo debemos discutir con profundidad este tema: (1) el riesgo legal que supone su función; (2) la discriminación laboral del sistema jurídico, y (3) las falencias de los procedimientos sancionatorios en las propias instituciones de seguridad.

Primero, a diferencia de la ciudadanía en general, cuando el policía sale a la calle a ejercer su profesión corre el riesgo de ser objeto de una investigación (penal, administrativa o civil) por el trabajo que hace a nivel operativo y por las posibles consecuencias de aplicar la fuerza pública. Es decir, su propio trabajo es el que lo pone en situación de riesgo. Así como obligamos a las y los policías a cumplir su función con estándares basados en derechos humanos, creo que también debemos responsabilizar a sus instituciones para que gestionen estos riesgos legales y protejan a sus integrantes. Hoy en día el panorama generalizado es su desprotección; por ejemplo, teniendo que asumir los costos de su defensa. Y aún cuando hemos avanzado en esto, por ejemplo el derecho de todo policía a recibir defensa jurídica reconocido en la Constitución de la Ciudad de México, siguen existiendo muchas falencias.

Segundo, nuestra Constitución federal establece un estatus laboral diferenciado para los policías (art. 123), quienes están sujetos a un régimen administrativo en el que la separación/remoción de su cargo es más fácil de ejecutarse, y en el que, de forma discriminatoria, no es posible su reincorporación al cuerpo policial aún y cuando se trate de una terminación injustificada. Esto implica que, si la institución decide la separación del cargo, los efectos son permanentes e irreparables (imaginen la separación del cargo de un policía solo por presión mediática, pero que al final del proceso penal se determinó su inocencia). Lo que estamos haciendo con nuestro orden jurídico es cortarle las alas a quienes persiguen una vocación policial pero que, a causa de un juicio injusto, son separados de su cargo y no pueden volver a él. La Suprema Corte ya se ha pronunciado al respecto, y no hay más camino que una reforma constitucional para cambiar el status quo.

Tercero, los procedimientos sancionatorios dentro de las propias instituciones deben asegurar instancias de defensa legal para todo policía. Además de que esto es importante per se, el hecho de que no sea posible la reincorporación en el servicio lo hace algo esencial. No obstante, la mayoría de corporaciones policiales estatales del país ni siquiera dan certeza jurídica sobre las faltas y sanciones aplicables al no contar con un catálogo de éstas. Afortunadamente, la organización Causa en Común ha documentado mejoras significativas en el régimen disciplinario entre 2017 y 2018; habrá que seguir por ese camino.

Creo que estas tres razones exponen porque la ruta hacia mejores policías debe ir acompañada de una mejora sistemática de su derecho a defenderse. Nuestras leyes e instituciones no les han dado el trato justo e igualitario que ameritan conforme a sus riesgos y a su servicio para México.

Seamos congruentes con el tipo de policías que queremos y cuidemos a quienes nos cuidan.